El Parlamento italiano dio un paso significativo ayer en el Senado al avanzar en la conversión en ley del Decreto 36/2025, una medida que restringe el acceso a la ciudadanía italiana por descendencia. Este decreto, aprobado por el gobierno de Giorgia Meloni el 28 de marzo, limita la transmisión de la ciudadanía italiana por “iure sanguinis” a hijos y nietos de ciudadanos italianos nacidos en Italia.
La iniciativa ha generado una fuerte oposición tanto dentro como fuera de Italia. En países con grandes comunidades de descendientes de italianos, como Argentina y Brasil, se han organizado protestas y campañas para solicitar la revocación del decreto. Organizaciones como el Movimiento Asociativo Italiani all’Estero (Maie) han expresado su preocupación por el impacto de esta medida en los derechos de millones de personas que mantienen vínculos históricos y culturales con Italia.
Además, el Tribunal de Campobasso en Italia ha emitido una sentencia que rechaza la aplicación retroactiva del decreto, garantizando la ciudadanía a descendientes de italianos que iniciaron sus trámites antes de la entrada en vigor de la nueva normativa.
El proceso legislativo para convertir el decreto en ley continúa en el Parlamento italiano. El 20 de mayo será tratado por Diputados.
Mientras tanto, la comunidad internacional y diversas organizaciones siguen de cerca el desarrollo de esta legislación y su impacto en la diáspora italiana.
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